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Necesidad de ajustar la ley 155-17 a nuestra realidad 

Por Dr. Jorge Morales Paulino 

Reseña e impacto de la ley 155-17

El origen  de la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo se  remonta a las resoluciones de las Naciones Unidas de 1988 sobre narcotráfico y sustancias prohibidas, las de 1999 y 2000 sobre terrorismo y crimen organizado, y la del 2003 sobre las necesidades de adoptar medidas para controlar la corrupción administrativa y un mejor manejo del Estado.

Lo primero es que en esta ley, de apenas 109 artículos, se han mezclado una serie de elementos que debieron ser tratados por tres leyes separadas, tales como el narcotráfico y sustancias prohibidas y lavado de activos por un lado, por el otro lo que es el terrorismo organizado, y también por separado el asunto de la corrupción administrativa y la eficiencia del manejo del Estado.

Como se puede apreciar, en esta pequeña pero impactante ley, se conjugan tres elementos muy distantes, pero conectados a instancias de las grandes naciones acreedoras, sobre todo para preservar sus intereses económicos y capitales, más que generar desarrollo de las naciones emergentes.

En nuestro país el asunto de las drogas fue introducido por primera vez por las tropas de ocupación norteamericana de 1965, y la morfina en los centros de combates para mitigar el dolor, es así como posteriormente se desarrolla, sobre todo en las juventudes de las naciones, el consumo masivo de sustancias controladas, tales como mariguana, LCD, morfina y cocaína, siendo sus centros de producción Suramérica y Asía, creándose grandes carteles que llegaron a amasar enormes fortunas capaces de incidir en las principales empresas y tomas de decisiones políticas, a la vez que constituyeron la creación de cuantiosas riquezas que se estaban quedando en los países productores y puentes de donde procedían los principales capos.

Por ello es entendible cómo los grandes cargamentos de drogas y capturas de capos  siempre ocurren en  los países puentes y productores, pero en muy raras ocasiones sucede en las grandes naciones de destino que, al fin y al cabo, son las más consumidoras y donde existen importantes mercados capaces de asimilar discretamente enormes fortunas sin levantar sospechas.

Esto, sin lugar a dudas, fue constituyendo una gran preocupación en las naciones desarrolladas que estaban viendo como gran parte de sus capitales se fugaban y emigraban, a la vez que amenazaba la estabilidad política y control del Estado, y con ello poner en peligro el pago de las deudas de los países pequeños y económicamente dependientes. Por ello era necesario establecer ciertos controles, de ahí las indicadas resoluciones nacidas en el seno de la ONU.

Por eso es que la ley 155-7, Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene un carácter internacional, que las grandes naciones han armado para controlar a los estados de una manera que le permita la efectividad en el pago de las deudas, mediante la eficiencia del cobro de los impuestos y la mínima fuga de capitales, y control de la delincuencia organizada.

En República Dominicana, pequeña y con grandes problemas de drogas, por ser un excelente puente, con grandes problemas de administración pública por los niveles alarmantes de corrupción, y una economía que basa su presupuesto en empréstitos internacionales, y sumando un desorden administrativo, era evidente que para poder pasar una ley de esta naturaleza se hacía necesario e imprescindible que se produjeran acontecimientos tan importante como el escándalo de Odebrecht, que ha salpicado a gran parte del mundo con sus actos de corrupción y en nuestro país salpico a gran parte de legisladores, políticos, empresarios y hasta profesionales del derecho, por lo que fue bajo este esquema de presión, que se abre en mayo de 2017, el espacio necesario para aprobar imperativamente esta pequeña pero importante ley que influirá sin lugar a dudas en todo el quehacer de la república.

Se crea todo un esquema de control que permite a los organismos internacionales tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tener el control de las actividades económicas de los países como el nuestro, creando a nivel local la Unidad de Análisis Financiero  (UAF), que es el órgano más importante y operacional de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción administrativa, el terrorismo y la evasión fiscal.

Como se puede observar,  la Ley Contra el Lavado de Activos, de aplicarse efectivamente, los más grandes serían los que tendrían que explicar el origen de sus fortunas y el destino de las mismas, sobre todo políticos y funcionarios cuyas variantes de fortunas jamás podrán justificar.

  • La ley 155-17 es el resultado de una coyuntura socio política determinada de nuestra nación, bajo cuyo esquema solo fue posible para poder ponerse a tono con los parámetros internacionales y el manejo de las cosas publicas a los fines de cumplir con los grandes compromisos de la nación, en términos económicos y de seguridad.

Para poder tener una aplicación efectiva de esta ley, es necesario emprender una reforma fiscal completa e integral del sistema tributario o por lo menos una amnistía fiscal, ya que si bien es cierto que el sistema tributario dominicano para algunos analistas del Estado es relativamente bajo, no menos cierto es que lo que esta presión tributaria tiene es que es muy desproporcional y discriminatoria, pues la gran carga impositiva recae sobre la clase media enquistada en la pequeña y mediana empresa y profesionales, que real y efectivamente están tributando alrededor del 40 % de sus utilidades.

Pues la clase más pobre o desposeída por su propia naturaleza es subsidiada con bono gas, bono luz, agua gratis, servicios médicos y educacional en gran parte, mientras la clase alta ha creado toda una coraza de protección que le permite tener un gran pastel del estado mediante grandes concesiones tributarias y subsidios,  amén de las facilidades de cobros cuando prestan servicios o suplen bienes al estado,  en tanto la mediana y pequeña empresa tiene que transparentar todas sus operaciones, no tienen ningún régimen tributario especial,  no tienen ningún tipo de concesiones ni subsidios, toman los interés más caros de la banca, y sobre todo cuando suplen o dan servicios al estado tienen que soportar toda las intrigas para cobrar, no tienen ningún respaldo  ni facilidades para instalarse y en caso de inconsistencia con la DGII tienen que soportar la más grande carga de intereses y moras.

Este cuadro es más  dramático cuando  se analizan  la gran cantidad de bienes no declarados que posee la clase media  por el grado de informalidad en que  ha tenido que desarrollarse para lograr sobrevivir, lo que precisa de que se cree un régimen que le permita sinterizar no solo sus operaciones sino sus bienes para no caer injustamente en una violación de la ley de lavado de activos que realmente nunca ha hecho, sino que ha logrado adquirir bienes no declarados con un gran esfuerzo y sacrificios muchos de los cuales permanecen a nombre de terceros  o las acciones o cuotas sociales de sus compañías están a nombre de terceros que hoy se les hace difícil transparentar.

Es por ello que la ley de lavado de activos y Terrorismo tiene que tener un  Preámbulo de aplicación que permita a los distintos sectores, sobre todo la clase media poder cumplir con sus disposiciones sin que signifique un estancamiento para este importante sector de la economía dominicana.

Ese preámbulo no se resuelve con las normas y reglamentos que ordena la misma ley hacer a los distintos organismos y agentes obligados, sino mediante el consenso obligatorio que tiene que buscar el estado con los distintos sectores a los fines revisar el sistema Tributario nacional de manera urgente antes que sobrevenga un cao.

Hemos propuesto que se amplié el plazo para las transformaciones de las acciones al portador a nominativas de todas las empresas, así mismo que dicho proceso de transferencia debe estar exento de todo tipo de impuestos, a los fines lograr una mayor transparencia y efectividad. ya que la mayoría de los portadores son los  mismos propietarios o sus parientes directos.

  • Los órganos supervisores deben someter a la UAF  sus sugerencias de Sanciones Administrativas antes de tomarlas sobre los sujetos obligados, para evitar excesos y distorsiones.
  • La DGII debe revisar con carácter de urgencia sus tazas de moras, recargos, e intereses indemnizatorios los cuales son extremadamente exagerados, ya que es una de las mayores causantes de imposibilidad de pagos y transferencias de bienes muebles e inmuebles, así como el cumplimiento ante cualquier eventual atraso en los compromisos fiscales de una empresa o persona física en un momento dado.
  • En cuanto a la modificación de la ley 141-2015 y facultades a la DGII para acelerar el estado de quiebra por asuntos de incumplimientos fiscales, debe flexibilizarse dando oportunidad al contribuyente mediante planes de pagos posibles para que pueda evitar el cierre de la empresa o negocio y lograr una recuperación en un plazo dado,  ya que dejar esto así como está planteado seria una camisa de fuerza para el contribuyente.
  • El Estado Dominicano tiene que dar muestras claras de un uso transparente y eficiente de los recursos que aportamos los contribuyentes de modo tal que todo gasto tenga justificación cierta y comprobada, eliminando del presupuesto nacional todos los gastos suntuosos e injustificados que es un medio de corrupción administrativa que afecta considerablemente  el desarrollo nacional.
  • Y por último  es altamente preocupante el grado de dependencia y subordinación de la justicia al poder ejecutivo, pues aunque esta ley prevé el nombramiento de un funcionario inamovible por 4 anos el director UAF, a menos que no sea por causa justificada,  no menos cierto es que el grado de dependencia de jueces y fiscales a sus organismos superiores o a quien le nombra, destituye o traslade,  no permite que  estos puedan actuar con verdadero criterio propio e independiente y son capaces de prestarse a instrumentar expedientes llenos de lagunas intencionales para que no soporten razonable y coherentemente la acusación.

La aplicación de esta ley no puede significar el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas ni un estancamiento en su desarrollo, muy por el contrario debe ser un elemento de equilibrio que les permita sincerizar sus operaciones.

*El autor es abogado y dirigente comercial

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