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Viceministro muestra avance de RD en política migratoria en últimos 15 años

El viceministro de  Naturalización  y Migración  del Ministerio de Interior y Policía, Luis Fernández, afirmó que en los últimos 15 años en República Dominicana se han producido importantes avances con relación al fenómeno migratorio, provocando una nueva gobernanza migratoria.

El funcionario señaló que ello ha permitido no solamente medir las políticas o los resultados institucionales, sino que el Instituto de Migración Dominicano ha constituido un mecanismo eficiente de evaluación que ofrece perspectivas sobre aéreas que podrían desarrollarse adicionalmente, reconociendo que todos los países tienen realidades, desafíos y oportunidades diferentes a los cuales hay que prestar atención.

En una exposición  realizada en el taller organizado por La Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Gobernanza de la Migración Laboral hacia Políticas Integradas y Planificadas”, celebrado en México, Fernández resaltó cómo la firme decisión de las autoridades dominicanas ha hecho posible una gobernanza migratoria fundamentada en hechos y medidas que han fortalecido la aplicación de la política migratoria nacional .

Entre esas medidas el viceministro resaltó el establecimiento de lineamientos de política migratoria al año 2030, a través de la ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el nuevo marco normativo a través de las leyes y decretos emitidos, como la ley de Trata, la de Migración y su Reglamento, el decreto del Plan de Regularización y el que favorece que los beneficiarios del PNRE, sean afiliados a la seguridad social.

Fernández agregó lo siguiente: “En República Dominicana existe una nueva institucionalidad basada en la creación del Instituto Nacional de Migración, Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), la Procuraduría Especializada para la Trata, la Unidad de Reinserción de Repatriados (UNRE) y otras entidades”.

Para luego resaltar, que la nueva gobernanza migratoria ha producido resultados sin precedentes, como la regularización migratoria de 260 mil personas, respeto al debido proceso en control migratorio y mayor información sobre la población migrante, a través de las Encuestas Nacionales de Inmigrantes (ENI–2012 y ENI-2017), estudios del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano del Ministerio de Trabajo y el INM, datos actualizados sobre remesas del Banco Central, la puesta en marcha del primer perfil migratorio de la República Dominicana y el anuncio del Plan Nacional de Acción Migratoria (PLANAMI).

Subrayó que el instrumento del Instituto de Migración se ha aplicado en el país en un momento de fortalecimiento de la política migratoria nacional, el cual ha sido un excelente mecanismo para entender que no solamente son relevantes las leyes nacionales sobre ingreso y salida para los inmigrantes, emigrantes y sociedades de acogida, sino también muchas otras relacionadas con el cuidado de la salud, la educación y el mercado laboral, al igual que la existencia de acuerdos bilaterales sobre migración entre los Estados, los planes nacionales y el compromiso de los Estados con las diásporas.

“La experiencia de República Dominicana ha sido altamente positiva en la aplicación del índice de gobernanza migratoria (IGMRD 2017), ya que este instrumento ha permitido un trabajo coherente y coordinado con todas las instituciones que están involucradas de una manera u otra con el tema migratorio, haciendo más eficaz la acción del Estado en el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, la correcta gestión y gobernanza migratoria y su contribución a una migración segura ordenada y regular”, señaló Luis Fernandez.

Para agregar, que los trabajos del IGMRD2017 han demostrado lo positivo que puede ser la cooperación y orientación de los organismos internacionales, cuando se coordina efectivamente con los gobiernos en los temas de verdadera transcendencia, para los países y para los ciudadanos.

En la actividad participaron delegaciones de Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua y República Dominicana, además de representantes de la sociedad civil, los sindicatos y el sector privado.

 

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