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Teoría racional y reforma electoral

 

Por Felipe Carvajal

La discusión planteada en términos jurídicos y desde la perspectiva de la ciencia política sobre el proceso de reforma electoral pendiente en nuestro país, necesariamente pasa por el inicio de una discusión conceptual y de contexto sobre la pertinencia inmediata  de la misma.

Partiendo de las posiciones de Boix (1999), García Díez (2006) y Buquet (2007), quienes plantean que los procesos de reformas electorales, como procesos competitivos cuyos objetivos están orientados a alterar la manera en que el poder político se encuentra distribuido, sobre todo en contextos de racionalidad limitada como el nuestro, se puede comprender las tensiones que genera la discusión por reformar mediante un nuevo código electoral y una ley de partidos en un contexto político de baja institucionalidad como el de República Dominicana.

Asumiendo como bien señala Nohlen (1981) que se tiene por descontado que necesariamente estos procesos implican que los actores partidistas de manera particuar buscan influenciar con sus preferencias la dinámica de la competencia política con la expectativa de que al final prevalesca su visión sobre el modo en que creen que debe ser la política democrática, que no es mas que maximizar sus beneficios electorales a corto o a mediano plazo e, incluso, en algunas ocasiones, generar condiciones que dificulten que otros competidores consigan maximizar sus preferencias.

El párrafo anterior explica cómo desde la perspectiva de la teoría racional, de manera concisa el porqué de la alargada discusión para la aprobación del código electoral y la ley de partidos políticos se haya extendido por más de una década en el Congreso Nacional, que cuenta con representación de las mayoría de los partidos de nuestro sistema electoral.

Como dato histórico debemos consignar que las las reformas electorales en las democracias occidentales, sobre todo aquellas iniciadas en la posguerra, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, fueron reformas cuyo número no fue significativo. Además de que generalmente las élites políticas han asumido una posición conservadora con relación a la reforma electoral, situación que se replica con el comportamiento asumido por nuestras élites partidarias en el caso dominicano, respecto al tema de la reforma electoral.

Del escenario descrito en el párrafo anterior, pareciera que se repite un patrón en el cual persiste una lógica que evidencia que los actores que llegaron al poder con determinadas normas electorales (PRD, PLD, en nuestro caso), cada cual en su momento, no se sientan tentados a cambiarlas, ya que con esas reglas fue que lograron éxito electoral, y asumen de forma instintiva que cambiarlas añadiría un clima de incertidumbre sobre sus posibles consecuencias.

Al asumir desde la perspectiva de la teoría de la elección racional la explicación de los tropiezos y bloqueos en el Congreso de la tan anhelada reforma a nuestro sistema electoral y de partidos políticos, se corre el riesgo de limitar a solo la descripción de las posiciones de los actores políticos y sin explicar a fondo las motivaciones y comportamientos un tanto contradictorios de los mismos actores, ya que en su momento motorizan la pertinencia de su aprobación cuando han estado en la oposición y sin embargo asume una posición conservadora al momento de tener mayoría en el Congreso Nacional y es ese comportamiento el que debe explicitarce.

Si asumimos conceptualmente que el sistema electoral que se pretende reformar es aquel que, según Vallès y Bosch (1997 p. 33), contiene los elementos normativos y sociopolíticos que configura el proceso de designación de titulares de poder, siempre y cuando este proceso se base en preferencias expresadas por los ciudadanos de una determinada comunidad política. Aquí cobra pertinencia la posición de Nohlen (1993) que se enfoca en destacar la importancia de la finalidad de la reforma orientada, generalmente, en “determinar las reglas según las cuales los electores expresan sus preferencias políticas en votos y según las cuales se pueden convertir los votos en escaños parlamentarios o en cargos de gobierno (en el caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde, entre otras”(p.11).

Un aspecto que complejiza todo el proceso de reforma de un sistema electoral es que en el mismo deben definirse con precisión los elementos técnicos que lo conforman, que en nuestro caso serian: las circunscripciones electorales, los sistemas de candidaturas, las cuotas, la forma de votación y las fórmulas de conversión de votos en escaños, ya que en este último aspecto, para citar uno, en el caso de República Dominicana, muchos actores se han pronunciado sobre la necesidad de que en el nuevo código electoral se adote una formula de asignación de escaños que garantice una mayor representatividad que la que resulta del método de D Hont utilizado en la actualidad.

Viendo el contexto nacional y la correlación de fuerzas que gravita en torno a la discusión sobre la reforma a la ley electoral y la ley de partidos en particular, la única brecha que se pueda consensuar y avanzar en una serie de reformas técnicas que pueden impactar de manera inmediata en la calidad democrática, imprimiendo un nuevo dinamismo en la competencia, tales como ampliar las garantías a la participación de candidatos independientes en todos los niveles de elección, facilitar la participación de nuevos partidos a nivel municipal y revisar la reglamentación de asignación del financiamiento a los partidos, ya que con el esquema actual resulta imposible a las agrupaciones emergentes consolidarse como opción competitiva.

Por otro lado, una corriente del pensamiento político liderada por Lijphart (1995) busca en las consecuencias de las reformas electorales, tales como las reglas para la creación de partidos políticos o la posibilidad de candidaturas independientes, ya que pueden tener impacto sobre dos variables dependientes del sistema político, como son la proporcionalidad y el multipartidismo, ambas variables críticas en el sistema electoral dominicano, con lo cual se ha de abrir la discusión sobre el número efectivo de partidos que debe tener el sistema electoral dominicano.

Una enseñanza que han dejado los procesos de reformas electorales a nivel de la región latinoamericana es que tanto el contexto en el cual se verifica la reforma como la coyuntura, son factores determinantes en las posibilidades de éxito de los mismos. Dicha experiencia pone en evidencia lo que ha pasado en nuestro país, que las contradicciones que surgen entre el espíritu de lo que se pretende reformar y los intereses político-partidarios de la coyuntura se imponen al momento de avanzar en la discusión sobre el alcance e impacto que tendría la necesaria reforma del sistema político electoral dominicano, dando por descontado que el predominio de la visión de la elección racional que asumen los actores hegemónicos del sistema de partidos sigue siendo la brújula que orienta sus pasos.

*El autor es abogado, especialista en asuntos electorales

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